"Cabe destacar que, más de una década después de la crisis financiera, y tras una impresionante recuperación económica, muchos de los indicadores de pobreza y desigualdad de España están muy por encima de los niveles anteriores a la crisis", señalaba Philip Alston, el relator de la ONU sobre pobreza extrema, acerca de la realidad de nuestro país. Tal vez por este contraste, Alston quiso conocer la situación fiscal de España, un tema generalmente no abordado en este tipo de visitas, en el marco de un encuentro con ATTAC y el Observatorio DESC en el que la Plataforma por la Justicia Fiscal fue invitada a participar. En este encuentro estuvieron presentes la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Amnistía Internacional, Audita Sanidad, Ecologistas en Acción, OMAL, Coordinadora de ONGD, CCOO, UGT y USO, y se habló de austeridad, fiscalidad y trabajo.
En el encuentro quisimos transmitir el siguiente mensaje:
En España, la presión fiscal - en porcentaje del PIB - está en 2018 en el 35.4%, mientras que en la zona euro es 41,7%. Por tanto, España percibe impuestos por debajo de la media de la eurozona, por un valor equivalente a un 6.3% del PIB es decir, unos 75.000 M€ menos que lo que se debería ingresar si “confluyéramos con la eurozona”, que es lo que se nos exige cumplir en otros parámetros.
¿Por qué hay esa diferencia? Por diversas razones que se entrecruzan:
Principalmente porque hay un fraude fiscal que equivale a un total de 80.000 millones de euros . Si confluyéramos con la eurozona, el fraude debería reducirse al menos a la mitad, o sea a unos 40.000M€.
Por otro lado hay unas bonificaciones y exenciones fiscales que se estiman en torno a los 30.000 millones de euros anuales y que no deberían ser más de unos 10.000 millones de euros. Las reducciones de los tipos en el Impuesto de Sociedades y la planificación fiscal agresiva que muchas de ellas llevan a cabo, unido a algunas de las bonificaciones hace que a pesar de haberse superado en 2018 la situación económica en España de 2007, la recaudación del impuesto de sociedades es unos 20.000M€ menos que en aquel año.
Además, el fraude laboral y la economía sumergida alcanzan el 24,6% del PIB, y hacen que se pierdan otros 30.000 millones de euros. Si confluyéramos con la eurozona,
éste fraude laboral y la economía sumergida deberían estar en torno a la mitad, 15.000 milliones de euros.
En España los gastos sociales han bajado de 2010-2016 un 1% mientras que en la zona euro han subido un 10%. Somos el país europeo que más ha aumentado su desigualdad.
Nuestras líneas principales de actuación para reducir estos problemas son:
1. Lucha contra el Fraude Fiscal, un problema cuya dimensión duplica la dimesión de la zona euro mientras que se cuenta con la mitad de
recursos en inspección fiscal, mitad de recursos en inspección laboral y mitad de jueces y mitad de fiscales.
Por todo ello solicitamos:
o Aumento de recursos en la Agencia Tributaria
o Creación de una Subcomisión contra el Fraude y los Paraísos Fiscales
o Demandamos un Pacto de Estado de todos los partidos contra el fraude
fiscal.
2. Sensibilización a la población. Frente al discurso que demoniza los impuestos y que con tanto ahínco difunden algunos líderes políticos, reivindicamos que se conciencie a la población de la importancia de pagar impuestos para el sostenimiento del Estado del Bienestar y para una mayor justicia social, llevando a cabo campañas de sensibilización. Y proponemos que se aborde esta importancia de los impuestos, como parte de educación cívica, en en la educación primaria mediante un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.