¿Por qué se llaman paraísos fiscales si son malos para la economía? ¿Cuánto dinero de España y del mundo se refugia en estas guaridas? ¿Qué están haciendo los organismos internacionales para acabar con los paraísos fiscales? ¿Se puede hacer algo más? Luis Zurdo contesta a todas estas preguntas.
El origen del término “Paraísos Fiscales” proviene de una mala traducción del original en inglés: “Tax Haven”. En efecto la palabra haven ( guarida, refugio) se confundió con la muy similar heaven (cuyo significado es cielo, paraíso). Vemos por lo tanto que el error de traducción al español ha desviado el sentido original con el que se designa (en inglés) los territorios a los que va a parar enormes cantidades de dinero con el fin de evadir o eludir los impuestos fiscales al que estarían sometidos en los países de origen.
Como el binomio paraísos fiscales ha calado profundamente en la sociedad, quizás sea tarde para cambiar su uso por el más ajustado de guaridas fiscales; pero ello no es óbice para que cuando leamos o escuchemos cualquier cosa sobre los paraísos fiscales tengamos claro lo que en realidad son: auténticas guaridas donde esconden el dinero las empresas y los individuos que de manera insolidaria pretenden no pagar o pagar una cantidad ridículamente baja en impuestos, escamoteando la contribución solidaria a la que están obligados moral y legalmente por sus respectivos países. Inevitablemente me viene a la memoria lo que en el siglo XVIII hacían los piratas con el producto de sus robos y rapiñas que se refugiaban en guaridas, a buen resguardo, en islas del Caribe. ¡Qué casualidad!: la mayor parte de los actuales paraísos-guaridas fiscales se localizan en diversas islas de esta misma zona geográfica.
La contestación inmediata es: de la comisión de todo tipo de delitos: El tráfico de drogas y armas, la corrupción, los negocios con pago en dinero “negro”, la parte de dinero y otros activos financieros que se han obtenido de forma legal por empresas e individuos pero por los que no se quiere pagar los impuestos que legalmente deberían pagar en los países en los que se han realizado la actividad que ha producido los beneficios.
Todos ellos pretenden una cosa: blanquear el dinero para que regrese al circuito económico después de “perderse el rastro” de su origen a través de “infinitas” transacciones entre empresas pantalla (sin ninguna actividad económica) con el uso de facturaciones falsas.
Pero el blanqueo no es la única actividad delictiva. La parte del dinero que no quiere regresar al circuito una vez blanqueado se queda en el paraíso fiscal para ser invertido la mayor parte de las veces en actividades criminales como son el tráfico de armas y drogas, extracción de minerales de sangre, trata de mujeres y niños con fines de prostitución, mafia y otras actividades del crimen organizado. Como se puede apreciar, se trata de actuaciones todas ellas criminales.
Parece muy difícil si no imposible dada la naturaleza oculta de los vaivenes que sigue el dinero a través de las empresas pantalla que figuran a nombre de testaferros (personas que prestan su nombre para figurar en ese tipo de empresas a cambio de una pequeña cantidad de dinero). No obstante sí se han realizado estudios para estimarla. Estos análisis dan cifras mareantes por encima de 10 billones de dólares.
El día 3 de abril de 2016 (es decir, hace ahora cuatro años) un consorcio de periodistas (cerca de 400) publicó lo que se ha venido a conocer por “los papeles de Panamá”.
¿En que consisten estos “papeles”? Digamos en primer lugar que son el producto de una filtración que recibió el periodista Bastian Obermayer (del periódico alemán Süddeutsche Zeitung) proveniente de una persona que se identificaba como “John Doe” (que en castellano vendría a ser como Fulanito de Tal), el cual exigía usar medios completamente seguros para su envío dada la trascendencia del contenido. Una vez asegurada la confidencialidad de la información y recibida en el periódico alemán, la magnitud de los datos recibidos era tal (más de 11 millones de documentos) y de carácter global (afectaba a más de 150 países) que decidieron compartir la información con más periodistas y periódicos.
Por todo ello se decidió constituir el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) formado por unos 400 periodistas de 70 países. Todos ellos se comprometieron al análisis (que duró 9 meses) de la información bajo un estricto compromiso de no publicación hasta una fecha convenida, en la que todos revelarían al mismo tiempo la información relevante para cada país. Esta fecha fue el pasado día 3 de abril de 2016. (Por cierto el Foro Social Mundial –FSM- hizo la propuesta en la reunión de Montreal de considerar esta fecha como Día Mundial para la Abolición de los Paraísos Fiscales).
Los datos proporcionados por el informe de Oxfam Intermon (OI) El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad sobre este tema revelan lo siguiente:
El uso de los paraísos fiscales por las empresas españolas se ha multiplicado por 4 en los últimos 15 años.
En los últimos 5 años las empresas del Ibex-35 han multiplicado por 5 el número de filiales que han sido domiciliadas en territorios considerados como paraísos fiscales.
Lo anterior es consecuencia de lo que se conoce como Planificación Fiscal Agresiva o Ingeniería Financiera que aplican las empresas para eludir el pago de impuestos (elusión fiscal) o sencillamente para camuflar los beneficios y no pagar impuestos (evasión fiscal). Esta segunda figura es un delito castigado en el Código Penal. La elusión puede no ser delito pero hay que combatirla porque como poco es insolidaria con los ciudadanos del país donde se han generado los beneficios.
En el informe, OI estima que lo que se deja de percibir de impuestos en nuestro país por esta actividad en los paraísos fiscales está entorno a los 20.000 millones de euros. Obviamente, y de esto hay que ser muy conscientes, esta cifra no ingresada la tenemos que pagar, y de hecho la pagamos, el resto de ciudadanos, para atender los gastos del Estado.
Un último dato para ver que la carga fiscal por renta se ha desplazado considerablemente desde las empresas hacia las familias: Antes de la crisis las familias aportábamos el 75% y las empresas el 22%. En la actualidad las empresas han bajado su aportación al 13% y consecuentemente las familias han incrementado su aportación hasta el 84% del total de la carga fiscal del país.(Datos del año 2018).
Dada la dimensión que han alcanzado y considerando el poder efectivo que tienen sobre todo las empresas que operan en ellos, la contestación sería: Es muy, muy difícil pero no imposible y por lo tanto hay que conocer lo que ya se está intentando hacer y lo que queda por intentar. De cualquier manera hay que adelantar que lo fundamental es que haya “verdadera voluntad política” en los Gobiernos para atajar la situación, porque declaraciones de intenciones se han realizado con cierta frecuencia (en las reuniones de los G-7; G-8 y G-20 a lo largo de los últimos años); pero acciones concretas, muy pocas y verdaderamente efectivas, apenas ninguna.
Veamos ahora algunas de las barreras que existen y contra las que se está luchando:
El secreto bancario. Su desaparición es una primera premisa enormemente importante. La OCDE lanzó la idea en el año 1998 con el objeto de evitar la evasión fiscal. Once años más tarde, en la reunión del G-20 en Londres (2009) los países participantes declararon que el secreto bancario había llegado a su fin. Cuatro años después, en la reunión del G-8 en 2013 se acordó: “Las autoridades tributarias del mundo deben compartir información de manera automática para erradicar la plaga de la evasión fiscal”.
Como se puede ver, las decisiones se toman de manera tan espaciada en el tiempo que resultan, cuanto menos, poco eficientes.
La transparencia. Es otra premisa que se necesita conseguir para combatir el blanqueo del dinero. El origen de esta iniciativa hay que situarla en una acción de Naciones Unidas que se propuso en la Convención de Viena del año 1989. Por ella los Estados se obligaban a penalizar el blanqueo del dinero, que por entonces se localizaba fundamentalmente en el tráfico ilegal de drogas y estupefacientes. Se creó el llamado Grupo de Acción Financiera en la reunión del G-7 que se celebró algunos meses más tarde.
Posteriormente y con motivo de los atentados del 11-S en Estados Unidos se incrementó la lucha contra este tipo de delito después de comprobar que también se financiaba a los grupos terroristas.
La OCDE ha tomado este tema con carácter principal en su agenda de trabajo: Motivando a los Estados miembros a firmar acuerdos bilaterales de intercambio de información no solo en temas de blanqueo y financiación de actividades delictivas; sino también en cuestiones tributarias. Hasta el año 2018, 80 Estados han ratificado el acuerdo multilateral que permite el intercambio de información en materia fiscal.
Ahora bien, ¿son suficientes estas iniciativas? Desgraciadamente hay que decir que, en numerosos casos, no son suficientes por la falta de voluntad política en su desarrollo y aplicación. Veamos un ejemplo: De acuerdo con las “normas” de la OCDE España no debe considerar al Estado de Panamá como un paraíso Fiscal, ya que ambos Estados han firmado un acuerdo de cooperación e intercambio de información de todos estos temas (esta es la condición que la OCDE considera necesaria para “sacar” de la lista de paraísos fiscales a un territorio). En la práctica Panamá pone todo tipo de pegas ante las peticiones que España le ha formulado sobre casos concretos (datos incompletos, denominaciones de sociedades que no coinciden a veces por una sola letra, etc. ). Panamá no investiga más allá de la petición estricta, cosa que es absolutamente necesaria dada la cantidad de sociedades interpuestas y de los testaferros que constan como titulares. Esta situación lleva a que ciertos territorios salgan y entren en las listas de paraísos fiscales según cumplan o no con la obligación de facilitar la información requerida. Pero también conlleva a que algunos territorios estén figurando en la lista de paraísos fiscales de un Estado pero no lo estén en la de otro.
Ahora la respuesta es taxativa: Sí. Para vencer las inercias de puesta en marcha de las acciones acordadas por los organismos internacionales que ya hemos visto y para superar las reticencias que por falta de voluntad política tienen los Gobiernos para acometer auténticas acciones que combatan los delitos que se amparan detrás de los paraísos fiscales; a mi modo de ver (y desde el punto de vista de la Plataforma por la Justicia Fiscal) es fundamental la presión que nazca en la sociedad civil de los Estados.
En este sentido hay que destacar la labor que diferentes ONGs (ATTAC, Oxfam Intermón, EAPN y la Plataforma por una Justicia Fiscal) están desarrollando desde hace tiempo dando a conocer no solo la existencia de los paraísos fiscales sino también la naturaleza de los delitos que se están cometiendo debido a su existencia. También se hacen estudios estimativos del volumen de dinero que los Estados (y por lo tanto los ciudadanos) dejan de percibir; como quedó detallado en la primera parte de este trabajo.
Un caso concreto de “presión-colaboración” entre los ciudadanos y el poder (en este caso el legislativo) es el promovido por la Plataforma por una Justicia Fiscal (en la que estoy representando a Justicia y Paz).
El día 3 de abril de 2018 la Plataforma realizó un acto en el Congreso de los Diputados en el que además de informar a la sociedad sobre los paraísos fiscales se contó con la participación de un representante de cada uno de los cuatro principales grupos parlamentarios de ese año (PP. PSOE, UP y C’s). Como resultado de este acto se presentó una PNL (proposición no de ley) y que fue aprobada en fecha de 3 de julio siguiente por la Comisión de Hacienda y Función Pública. En la PNL constan las siguientes propuestas:
Revisar la lista para incluir en ella aquellos territorios que no colaboren de una forma efectiva con el intercambio de información.
Promover normas por las que los bancos informen de las actividades de sus clientes en sus filiales localizadas en PF.
Promover normas que impidan la ingeniería fiscal.
Obligar a las empresas que superen un determinado nivel de cifra de negocios a informar a la AEAT de cualquier operativa que tenga origen o destino una entidad domiciliada en un PF; y en caso de su no cumplimiento, se prohibirá a la citada empresa a contratar con la Administración Pública.
Confiemos en que con las acciones descritas y otras que ya se están tomando y aunque sea de una forma lenta los paraísos fiscales vayan desapareciendo y se lo pongan difícil a los “usuarios” de las guaridas fiscales, los cuales, y esto hay que tenerlo claro, no se van a quedar con los brazos cruzados y ya en estos momentos es seguro que están ideando nuevos mecanismos para continuar con su insolidaridad y lo que es peor, con sus prácticas criminales.