La crisis del Covid-19 ha propiciado una conciencia general de la necesidad de mantener unos potentes servicios públicos, imprescindibles para afrontar catástrofes imprevistas. Ahora se lamentan los recortes sanitarios y el debilitamiento general de lo público. Aprendamos realmente de esta crisis para no caer en los errores pasados.
Somos también conscientes de que esta situación de reclusión general va a provocar, tanto más cuanto más se prolongue, un parón económico de graves consecuencias. Para revertir esa situación necesitaremos una reactivación impulsada por un potente esfuerzo financiero. Una vez más, será el presupuesto público el que deberá afrontar el peso fundamental de ese esfuerzo. Quienes tanto criticaban al sector público ahora son los primeros en solicitar su socorro y apoyo.
Ahora también lamentamos que nuestros recursos públicos sean insuficientes y que tengamos una recaudación tributaria tan por debajo de los países de nuestro entorno. Esas insuficiencias se van a ver agravadas por los costes recaudatorios derivados de las primeras medidas tomadas para favorecer a los más débiles y por el propio parón económico.
El 3 de abril, día de lucha contra las guaridas (mal llamadas paraísos) fiscales, es un momento oportuno para subrayar las graves consecuencias de la insolidaridad de quienes no pagan sus impuestos, responsables indirectos de muertes que, en alguna medida, podrían haberse evitado.
Por todo ello, debemos exigir a nuestros responsables públicos que no esperen a que pase el estado de alerta. Es necesario trabajar sin descanso, más que nunca en estos días, para ir construyendo el futuro inmediato.
El Gobierno puede impulsar, sin más esperas ni dilaciones, diversas acciones que garanticen que podremos actuar decididamente desde el primer momento.
Por ejemplo, por razones evidentes de urgencia, puede aprobar los decretos leyes que aseguren que los que más tienen contribuyan de forma especial a las necesidades especiales del momento. Se pueden elevar algo más los tipos marginales del IRPF. Y, sobre todo, se puede suprimir buena parte de los beneficios fiscales de nuestro sistema tributario, todos aquellos de escasa justificación social, incidencia regresiva y alto coste recaudatorio.
Por otra parte, no debe parar el trabajo legislativo. No se entiende la hibernación a que se ha sometido el Congreso, deteniendo los plazos de tramitación. La tecnología permite perfectamente el debate y aprobación de leyes urgentes que deberían estar vigentes cuanto antes. Y son muchas las tareas que no deben esperar.
Debe acelerarse la tramitación de la ley antifraude. Es preciso aprobar cuanto antes nuevas figuras impositivas como el impuesto sobre transacciones financieras o, incluso, un impuesto sobre la actividad bancaria. Se pueden fijar mínimos obligatorios para los impuestos de sucesiones y de patrimonio como para el Impuesto de Sociedades. Deben estudiarse y tramitarse también leyes de creación de impuestos verdes que aporten el llamado doble dividendo: recaudación y corrección de comportamientos que generan externalidades negativas.
Son cada vez más potentes las voces en favor de la puesta en marcha inmediata de una renta mínima garantizada, promesa incluida en el programa del Gobierno. Y somos muchos los que seguimos defendiendo que no hay forma más eficiente de hacerlo que de forma automática e incondicional, es decir, a través de la renta básica.
Es urgente, también, tener preparado el arsenal de medidas de reactivación para después del estado de alerta. No caigamos en improvisaciones del estilo del plan E. Tengamos preparados los planes de inversión necesarios en I+D+i, en transición ecológica, en la España vaciada, en servicios públicos esenciales (necesitados de recuperación tras tantos años de recortes, agravados tras esta crisis) y en la economía de cuidados.
¿Por qué no empezar a negociar unos Presupuestos de emergencia que puedan aplicarse cuanto antes?
No hay tiempo que perder. Si no queremos una crisis dolorosa y prolongada, es necesaria una fuerte inversión pública en los más necesitados y en las prioridades públicas desde el primer momento en que sea posible levantar las medidas de excepción.
Confiemos en que la Unión Europea, responda como debería. Si no se quieren aceptar los eurobonos que ayuden a la financiación del plan fiscal necesario, será el momento de plantear una revisión a fondo de la deuda acumulada. Será el momento de denunciar la parte de deuda generada injustamente por unas primas de riesgo abusivas. No devolver una deuda ya cobrada (por extratipos para cubrir un riesgo imaginario) es cuestión de justicia.
Hoy más que nunca, sin justicia fiscal no hay justicia social ni salida de la crisis. Hoy más que nunca, nuestros responsables políticos deben ponerse las pilas para tener preparado el arsenal fiscal de forma urgente.