La reunión de ministros de Finanzas del G-7 acordó a principios de junio apoyar el establecimiento de un impuesto mínimo global (IMG) “de al menos el 15%” sobre los beneficios empresariales. Para la Plataforma por la Justicia Fiscal se trata de una buena noticia pues al menos reconoce algo que muchas organizaciones llevamos denunciando desde hace años: el escandaloso dumping fiscal y otras prácticas lesivas que practican por las grandes empresas transnacionales para eludir y evadir impuestos
Pero la propuesta de aplicar ese tipo mínimo global del 15% en los impuestos de las grandes empresas transnacionales es de momento bastante ambigua por lo que resulta prematuro hacer ahora una valoración consistente. Habrá que esperar a julio para ver cómo se concreta en los acuerdos de la reunión del G20 pues ya se sabe que el diablo está en los detalles y no es la primera vez que el G7 habla de acabar con el fraude fiscal para comprobar después que todo sigue igual cuando se disipa la cortina de humo que han creado
Lo que si es cierto es que en este comienzo de 2021, en razón de la COVID, la ciudadanía europea y mundial está escuchando con mayor insistencia en los medios de comunicación la urgencia de dar pasos hacia una mayor justicia fiscal global. Y esto es algo que, conocida la tenaz oposición de las grandes multinacionales y sus lobbies empresariales, muy pocos se hubieran atrevido hace escasos años a pronosticar. El acuerdo del G7 confirma que teníamos razón cuando en la Plataforma por la Justicia Fiscal insistíamos en la necesidad de reformar una legislación fiscal internacional obsoleta que seguimos aplicando desde los años 30 del siglo pasado. Porque pese a ser un logro importante, si es que finalmente se materializa esta propuesta del IMG, se trataría en cualquier caso de seguir aplicando parches a un sistema fiscal implantado hace casi un siglo y que está pidiendo a gritos su rediseño.
En la Plataforma por la Justicia Fiscal nos preocupa la escandalosa y creciente desigualdad económica y social debida a la concentración de la riqueza que se está produciendo en el planeta y que se alimenta especialmente de los mercados financieros, con los fondos de inversión especulativos y las grandes multinacionales como protagonistas destacados. Por ello, la reforma del sistema fiscal global debiera contemplar de forma prioritaria gravar específicamente al casino financiero mundial, implantando un auténtico Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en todo el planeta.
La verdadera novedad en el acuerdo del G7 habría sido llegar al acuerdo de una tasa mundial mínima del 25% calculada sobre todos los beneficios. Ese sí hubiera sido un gran paso adelante para neutralizar la competencia fiscal y combatir la evasión fiscal, al tiempo que dar un margen real a los Estados para financiar los desafíos sociales, ecológicos y económicos a los que se enfrentan.