Recientemente, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), una reivindicación largamente sostenida por las organizaciones de la sociedad civil que reivindican una mayor justicia fiscal. La Plataforma por la Justicia Fiscal acoge esta noticia con satisfacción, porque por fin la compraventa de activos financieros pagarán un impuesto, como se hace con la adquisición de viviendas, pero critica su limitado alcance, pues muchas modalidades cada vez más extendidas quedan fuera de esta imposición.
La puesta en marcha de estos dos tributos aportarán a las arcas del Estado, según estimaciones del propio Gobierno, 850 millones de euros en el caso del ITF y 1.200 millones en el caso de la tasa Google, aunque esta estimación no es compartida por otras fuentes. Que las grandes empresas y fortunas contribuyan, de manera análoga a sus enormes beneficios, a la financiación del Estado de Bienestar es siempre una buena noticia que las organizaciones sociales venimos tiempo reclamando. Además, se rompe así con la anormalidad de que una actividad económica que mueve fortunas y tiene cada vez mayor peso en nuestra economía, la compraventa de activos financieros, escape a la imposición.
Sin embargo, hay numerosas modalidades de esa compraventa financiera, como las transacciones de divisas, que mueven 6,6 billones de dólares al día en todo el mundo, que quedan fuera de esta imposición, así como las operaciones de alta frecuencia, cada vez más extendidas, que utilizan super computadoras y algoritmos para negociar en los mercados financieros a corto plazo, con lo que provocan una alta volatilidad y favorecen el surgimiento de crisis bursátiles.
Por otro lado, recibimos como muy positiva la mal llamada tasa Google, porque las compañías digitales están tributando muy por debajo de los beneficios que obtienen y este impuesto avanza hacia la justicia fiscal. Ahora bien, como comentaba nuestro compañero Carlos Cruzado, del sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA) en una entrevista en TVE, “hasta el año 2021 va a ser difícil que se pueda recaudar por este impuesto”, habida cuenta de los debates en el seno de la Unión Europea y la OCDE.
La Plataforma por la Justicia Fiscal se mantendrá vigilante para comprobar el alcance de estas medidas y seguir reivindicando, como hasta ahora, más pasos hacia una tributación más justa, equitativa y suficiente.